En medio del aumento en los combustibles, el gobierno federal logró un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope voluntario de 28.50 pesos por litro de diésel, una medida que busca frenar el impacto económico en todo el país.

La decisión se tomó luego de que el diésel llegara a venderse hasta en 30 pesos por litro en algunas regiones, lo que encendió alertas por su efecto directo en el transporte y el costo de productos básicos.

El acuerdo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es obligatorio, pero pretende estabilizar el mercado en un contexto internacional complicado, marcado por el aumento en los precios del petróleo y tensiones globales.

Aun así, el propio gobierno reconoce que el precio sigue siendo elevado. Por ello, ya se mantienen negociaciones para reducirlo aún más y evitar que continúe presionando la inflación, especialmente en sectores como el transporte de mercancías.

El diésel es uno de los combustibles clave para la economía, por lo que cualquier incremento impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos. Con este acuerdo, la apuesta es clara: contener los precios antes de que el golpe se traslade a la canasta básica.

Por ahora, el tope está fijado… pero la presión para bajarlo aún más sigue sobre la mesa.

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En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.

El partido Morena vuelve a estar bajo la lupa. Aunque ha solicitado más de 600 millones de pesos en presupuesto para actividades específicas, la realidad muestra un contraste: el gasto efectivo en su periódico Regeneración ha sido considerablemente menor.

De acuerdo con reportes oficiales, para 2026 el partido contempló destinar hasta 130 millones de pesos a su órgano de difusión, la cifra más alta proyectada hasta ahora.

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia solo aparecen cinco contratos por poco más de 22 millones de pesos, una cantidad muy por debajo de lo presupuestado.

El historial también revela inconsistencias: en años anteriores, Morena ha proyectado montos elevados para este rubro, pero sin que el gasto real refleje esas cifras en su totalidad.

Este desfase ha reavivado cuestionamientos sobre el uso y destino de los recursos públicos asignados a los partidos, especialmente en un contexto donde el discurso oficial ha sido el de austeridad.

Así, más allá de los números, el caso vuelve a abrir el debate: ¿por qué se solicita tanto presupuesto si el gasto real es mucho menor?

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