Como parte del llamado plan B de Morena en materia electoral, su grupo parlamentario ya tiene en la mesa 30 iniciativas de reformas legales, entre las que destacan prohibir a los consejeros, una vez que dejan el cargo, contender durante 10 años por puestos públicos ni en tres años trabajar en otros órganos electorales. También proponen quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas, medida que les daria facultades para campañas de odio y proselitismo al por mayor.

Mediante la modificación a seis leyes, se pretende asimismo recortar direcciones ejecutivas del INE; sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario.

Previamente a la dictaminación de la reforma electoral, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral ya cuentan con un compendio de 108 iniciativas.

De ese total, 51 propuestas son de reformas constitucionales que han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que 57 son iniciativas para modificaciones a leyes secundarias.

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Este miércoles 23 de noviembre comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que contendrá, en su mayoría, las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar la autonomía del INE; sin embargo, debido de la posibilidad de que sea rechazada en el pleno, Morena trabaja en su plan B, del que ya se plantearon 30 propuestas.

Entre las iniciativas con que prevé nutrir el plan B, se encuentra una propuesta que obliga a acreditar conocimientos en materia electoral para ocupar una consejería del INE.

Actualmente, el INE cuenta con 16 direcciones ejecutivas y unidades técnicas, entre las que destacan la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Unidad Técnica de Fiscalización y la Coordinación de Asuntos Internacionales, entre otras.

La propuesta también señala que las instalaciones del INE podrán ser utilizadas para la promoción y discusión de la consulta popular y que la autoridad electoral deberá garantizar la misma cantidad de casillas a instalar en la consulta popular que en un proceso electoral ordinario.

Adicionalmente, está a consideración una reforma legal para castigar la compra de votos, no sólo a quien compra, sino también a quien vende.

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Además, pretende obligar al INE a proporcionar transporte para ciudadanos que vivan en zonas de alta o muy alta marginación, que deseen ir a votar y que vivan lejos de su casilla.

Otras propuestas que pueden ser integradas a dictamen en el plan B son sanciones a quienes falsifiquen comprobación de gastos, voto electrónico, paridad de género y cuotas en favor de grupos vulnerables, entre otras.

De acuerdo con los tiempos establecidos, la reforma constitucional en materia electoral se someterá a consideración del pleno de San Lázaro el 29 de noviembre y, de ser rechazada, se pondrá en marcha el plan B, que buscarán sea aprobado en los primeros días de diciembre.

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