Al ser cuestionada por una investigación del diario REFORMA, la Presidenta respondió: “Sí, tanto Hacienda como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tienen información”.

¿De qué se le señala?

Según lo publicado, el SAT ya pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra la empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada a un operador de confianza de Olán, por presunto huachicol fiscal.

La acusación es por más de 834 millones de pesos en impuestos omitidos. Entre febrero y junio de este año, esta empresa habría tramitado 139 pedimentos de importación de combustibles con información falsa, ingresados en ferrotanques.

Portacelis fue creada en agosto de 2024 y tuvo como administrador a Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como hombre de confianza de Olán. Aunque el SAT pide acción penal contra cinco personas, entre empleados y agentes aduanales, en ese expediente no hay cargos directos ni contra De la Cruz ni contra Olán.

Advertisement

La Presidenta insistió en que en su gobierno, todo se investiga.

Y este tema se suma a otro que generó polémica: el cónclave de los “Juniors del Bienestar”.

El pasado 24 de agosto, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán se reunieron en un restaurante de la Condesa con Daniel Asaf, ex jefe de la Ayudantía de la Presidencia, y con empresarios como José Cuervo y Juan Domingo Beckmann.

Diputados de oposición piden que se aclare el motivo de la reunión y que la FGR determine si hay delito que perseguir.

Mientras, Ricardo Monreal, de Morena, dijo que políticamente es normal que se reúnan y que no se debe investigar a todo el mundo por reunirse.

Advertisement

La investigación contra el amigo de Andy, confirmada por la Presidenta, sigue abierta.

De acuerdo al comunicado del partido, fechado el 30 de agosto, los hechos ocurrieron el domingo en Guanajuato capital, mientras realizaban pega de carteles en vía pública.

Fueron identificados como José Saúl Delgado, Giovanni Díaz, Mauricio y un cuarto compañero de nombre Nelson. Los trasladaron a barandilla, a la Policía Preventiva de calle Alhóndiga número 10, bajo el argumento de una falta administrativa.

La organización calificó la detención como un acto de represión. Cuestionan que se use una falta administrativa como pretexto para detener a quien ejerce actividad política.

Lo relevante es que, según su denuncia, los tuvieron retenidos desde la mañana del domingo y no los liberaron hasta las ocho de la noche. Casi 12 horas detenidos por pegar carteles.

Y vale preguntarse: vivimos en una ciudad tapizada de propaganda. Todos los partidos tienen bardas y lonas en campaña. Si ellos pueden pegar publicidad por toda la ciudad, ¿por qué cuatro jóvenes no pueden pegar un cartel sin acabar en barandilla?

Advertisement

Finalmente fueron liberados la misma noche del domingo. Hasta ahora, el municipio no ha dado una postura oficial sobre quién ordenó la detención.

Una familia hizo llegar a TV Guanajuato un reporte ciudadano en el que denuncia un caso de abuso laboral dentro del restaurante Tapatío. De acuerdo con el testimonio, una trabajadora habría laborado durante nueve años en el establecimiento, enfrentando lo que su familia describe como un ambiente laboral tóxico y constantes situaciones de maltrato por parte de su patrón y de una compañera de trabajo.

La situación habría llegado al límite hace apenas unos días, cuando, según la denuncia, la mujer fue despedida sin recibir una explicación y sin que se le entregara la liquidación que, de acuerdo con la familia, le correspondería conforme a la ley. Para sus familiares, resulta indignante que después de casi una década de trabajo, la relación laboral haya terminado de esta manera.

Ante esta situación, la familia decidió hacer público el caso y pide que se investiguen las condiciones laborales que presuntamente se viven al interior del restaurante. ¿Puede una persona dedicar nueve años de su vida a un trabajo y terminar en estas condiciones? La denuncia queda sobre la mesa y será importante que las autoridades laborales correspondientes determinen si existió alguna irregularidad y, en su caso, se garantice el cumplimiento de los derechos de la trabajadora.