En Guanajuato capital se respira algo más que la historia colonial. La ciudad, que alguna vez presumió su esencia universitaria, su vida cultural y su vocación turistica, hoy está atrapada en una red de influencias familiares que ha hecho del municipio su negocio privado.

En Guanajuato capital la historia parece repetirse, pero esta vez con un guion que huele a nepotismo, tráfico de influencias y concentración de poder.

La familia Navarro-Smith ha logrado lo que muchos consideraban impensable: transformar la administración pública en una extensión de sus propios intereses empresariales.

Desde la llegada de Alejandro Navarro al cargo de presidente municipal, la ciudad ha sido testigo de una serie de decisiones que favorecen de manera evidente a empresas vinculadas a su familia.

Un ejemplo claro es la pavimentación de una vialidad que conecta directamente con el Hotel Camino de Piedra, propiedad de la familia, sin una justificación clara más allá de la conveniencia privada.

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Además, la designación de su hijo, Saúl Navarro, al frente del DIF Municipal, ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines personales como entrenamientos en la Presa de la Olla, un espacio público que debería estar al servicio de todos los ciudadanos.

El turismo político, que a nadie le beneficia y sale carísimo, pagado de los impuestos de los guanajuatenses, el museo de las momias es un espacio que tiene poca afluencia turística.

El mercado de la ex estación, la plaza artesanal Don Quijote, la unión de comerciantes de artesanías, necesitan estrategias para reactivar la economía, no servir sólo a unos cuantos.

Se necesita regular a los guías de turistas, no solo amedrentarlos y pedirles mordida o generar competencias desleales entre ellos.

La situación se complica aún más con denuncias de una posible apropiación indebida de terrenos, como el caso de un predio frente al Museo La Casa de los Lamentos, aparentemente propiedad de la familia Navarro-Smith.

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Estas acciones no solo violan principios éticos, sino que también afectan directamente a la comunidad y al patrimonio cultural de la ciudad.

Ante este panorama, la ciudadanía no puede permanecer indiferente. Es imperativo exigir una auditoría exhaustiva e independiente que examine los bienes, contratos y relaciones empresariales de la familia Navarro-Smith.

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la comunidad y no para consolidar intereses privados. La ciudad de Guanajuato merece una administración que trabaje para todos, no para unos pocos.

Es hora de que las autoridades competentes actúen con responsabilidad y que la ciudadanía se una en la exigencia de justicia y transparencia.

Ya basta de Guanajuato agachado como en la película de Alicia en el país de las maravillas: la reina roja que decapitaba por decir algo que no era de su contentillo a diestra y siniestra. Así se siente la capital, con miedo.

Todas las acciones apuntan a un lado, están jugando a Monopoli y ya nos han metido muchos goles.

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Van ganando. El sector hotelero, lo tienen cubierto, así como la minería, el turismo, el comercio y sabe Dios cuantas cosas más…

Exigimos que se verifique el alcance de sus recursos, la bufa “área natural protegida”, se están acabando y explotando las áreas verdes que aún quedan, la sierra de santa rosa ya tiene nuevos dueños.

Esto por mencionar algunas de las más famosas, ocurrencias que han tenido estos personajes, que de gobernantes, no se la saben.

Es una exigencia ya, que la ayuda venga desde más arriba, necesitamos con urgencia una revisión en forma de auditoría, una rendición de cuentas de nuestros “gobernantes” municipales.

Como medio de comunicación hemos visto la injusticia a los ojos, que duele, no incentivamos al odio, incentivamos a no quedarse callados, ¡a exigir lo que es Justo!

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Guanajuato. 30 mayo 2025.– SEDATU son las siglas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargada de planificar, coordinar, generar, administrar y ejecutar políticas de ordenamiento territorial; asegurar viviendas adecuadas, el desarrollo urbano y rural, y otorga certeza jurídica a los sectores agrarios. Además, es la encargada de coadyuvar en caso de fenómenos naturales para atención inmediata.

El día de ayer SEDATU y los gobiernos estatales de Guanajuato y Michoacán aprobaron, durante una sesión, el programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo. Llevar a cabo este proyecto beneficiará a 261 mil personas.

Este plan consiste en dar atención a las solicitudes de los gobiernos estatales, municipales y a la demarcaciones territoriales de la Ciudad de México dentro de los temas que comprende esta secretaría.

En la misma reunión se destacaron algunos de los principales retos de la zona metropolitana de La Piedad-Pénjamo como la vivienda abandonada, la contaminación del Río Lerma y el reto de preservar las áreas naturales protegidas, así como el fomento económico del país.

Este es el primer plan aprobado de ordenamiento metropolitano en el presente año y su elaboración será financiada con los propios recursos de la SEDATU.

Entonces, se espera que después de su publicación en los diarios oficiales, el proyecto que comprende la zona La Piedad-Pénjamo mejore considerablemente en un aspecto estructural.

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En el Congreso local, se vivió una jornada de intensa discusión que se extendió por casi seis horas, centrada en la posible despenalización del aborto voluntario en el Código Penal del estado. Durante este largo debate, el Pleno contó con la presencia de numerosos grupos pro-aborto y pro-vida, quienes se manifestaron intensamente a las afueras y en el interior del salón del pleno, defendiendo apasionadamente sus posturas.

Dentro del recinto, se presentaron argumentos contrapuestos. Por un lado, se afirmó que mantener el tipo penal del aborto no busca criminalizar a las mujeres, sino reconocer una conducta con consecuencias legales, con el objetivo de proteger el derecho de las mujeres a no ser forzadas a abortar. También, Se destacó la importancia del derecho a la vida y se sugirió fortalecer las políticas públicas de apoyo a la maternidad, como redes de acompañamiento y atención médica y psicológica.

En contraste, se argumentó que negarse a la despenalización no protege la vida y se aleja de la representación social. Se señaló que la penalización afecta principalmente a mujeres sin recursos para acceder a servicios seguros. Además, se hizo hincapié en que la tipificación del aborto como delito y la falta de atención posterior se considera violencia de género según instrumentos internacionales, y que en el estado existen normativas que violan los derechos humanos.

Se afirmó que el debate es sobre justicia, dignidad y salud pública, y que el Estado debe garantizar condiciones seguras para quienes deciden interrumpir su embarazo. También se subrayó que legalizar el aborto permite un mayor acceso a servicios dignos y seguros de salud, reduciendo las complicaciones y la mortalidad materna por abortos clandestinos, y que la falta de legalidad amplía la brecha de desigualdad.

Finalmente, la votación del dictamen resultó en un empate, por lo que la discusión se pospuso y se reanudará en la próxima sesión del Pleno.