Al ser cuestionada por una investigación del diario REFORMA, la Presidenta respondió: “Sí, tanto Hacienda como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tienen información”.

¿De qué se le señala?

Según lo publicado, el SAT ya pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra la empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada a un operador de confianza de Olán, por presunto huachicol fiscal.

La acusación es por más de 834 millones de pesos en impuestos omitidos. Entre febrero y junio de este año, esta empresa habría tramitado 139 pedimentos de importación de combustibles con información falsa, ingresados en ferrotanques.

Portacelis fue creada en agosto de 2024 y tuvo como administrador a Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como hombre de confianza de Olán. Aunque el SAT pide acción penal contra cinco personas, entre empleados y agentes aduanales, en ese expediente no hay cargos directos ni contra De la Cruz ni contra Olán.

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La Presidenta insistió en que en su gobierno, todo se investiga.

Y este tema se suma a otro que generó polémica: el cónclave de los “Juniors del Bienestar”.

El pasado 24 de agosto, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán se reunieron en un restaurante de la Condesa con Daniel Asaf, ex jefe de la Ayudantía de la Presidencia, y con empresarios como José Cuervo y Juan Domingo Beckmann.

Diputados de oposición piden que se aclare el motivo de la reunión y que la FGR determine si hay delito que perseguir.

Mientras, Ricardo Monreal, de Morena, dijo que políticamente es normal que se reúnan y que no se debe investigar a todo el mundo por reunirse.

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La investigación contra el amigo de Andy, confirmada por la Presidenta, sigue abierta.

De acuerdo al comunicado del partido, fechado el 30 de agosto, los hechos ocurrieron el domingo en Guanajuato capital, mientras realizaban pega de carteles en vía pública.

Fueron identificados como José Saúl Delgado, Giovanni Díaz, Mauricio y un cuarto compañero de nombre Nelson. Los trasladaron a barandilla, a la Policía Preventiva de calle Alhóndiga número 10, bajo el argumento de una falta administrativa.

La organización calificó la detención como un acto de represión. Cuestionan que se use una falta administrativa como pretexto para detener a quien ejerce actividad política.

Lo relevante es que, según su denuncia, los tuvieron retenidos desde la mañana del domingo y no los liberaron hasta las ocho de la noche. Casi 12 horas detenidos por pegar carteles.

Y vale preguntarse: vivimos en una ciudad tapizada de propaganda. Todos los partidos tienen bardas y lonas en campaña. Si ellos pueden pegar publicidad por toda la ciudad, ¿por qué cuatro jóvenes no pueden pegar un cartel sin acabar en barandilla?

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Finalmente fueron liberados la misma noche del domingo. Hasta ahora, el municipio no ha dado una postura oficial sobre quién ordenó la detención.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de su estrategia de seguridad y aseguró que los homicidios dolosos se redujeron 51 por ciento, lo que representa, según sus cifras, 44 casos menos cada día.

También afirmó que en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto a 2018. Entre los delitos que reportó a la baja están el robo a transportistas, robo de vehículos y las lesiones provocadas con armas de fuego.

En materia de operativos, Sheinbaum informó que 63 mil personas han sido detenidas, mientras que las autoridades han asegurado más de 32 mil armas y 519 toneladas de estupefacientes. Además, señaló que fueron desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos.

La presidenta aseguró que la estrategia de seguridad continuará basada en inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades, además de acciones para atender las causas que generan la violencia en el país.