La discusión sobre la despenalización del aborto en Guanajuato volvió a encender el debate político luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, anunciara que solicitará un periodo extraordinario de sesiones para que el tema sea votado de inmediato en el Pleno del Congreso del Estado. La legisladora advirtió que la entrada en receso del Poder Legislativo podría retrasar nuevamente el proceso, por lo que insistió en que los derechos de las mujeres no pueden seguir postergándose.

Durante los trabajos de la Comisión de Justicia, Pedroza señaló que la legalización del aborto en Guanajuato es un escenario inevitable ante los cambios registrados en gran parte del país. La diputada cuestionó la postura de las mayorías parlamentarias locales, a quienes acusó de mantener discursos que continúan criminalizando a las mujeres y personas gestantes. Además, sostuvo que el debate ya no gira en torno a si habrá o no despenalización, sino sobre quién terminará impulsándola: el Congreso estatal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un mensaje directo a las ministras y ministros de la Suprema Corte, la legisladora pidió que no abandonen a las mujeres guanajuatenses y que actúen con rapidez para invalidar los artículos del Código Penal que aún castigan la interrupción del embarazo. También reprochó la decisión del Congreso de impugnar un amparo obtenido por la ciudadanía y reiteró su respaldo a colectivas, activistas y personal de salud que han impulsado esta causa. El llamado de Pedroza reaviva una de las discusiones más polémicas en la entidad y coloca nuevamente a Guanajuato en el centro del debate nacional sobre los derechos reproductivos.

Una jornada de alta tensión se vivió este lunes en la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas, luego de que un bloqueo derivara en el incendio de al menos 10 vehículos y confrontaciones con elementos de seguridad, tras el fallecimiento de un adolescente de 16 años. Mientras la familia señala a corporaciones de seguridad por lo ocurrido, las autoridades sostienen que se trató de una acción organizada.

La movilización comenzó cerca de las 15:00 horas, encabezada por habitantes de las comunidades de Yustis y Gasca. Los manifestantes exigían justicia por el fallecimiento de Adán, un menor de edad que perdió la vida la noche del domingo. Para cerrar la circulación en ambos sentidos, utilizaron ramas, llantas y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

La situación escaló rápidamente y, a lo largo de un tramo de aproximadamente dos kilómetros, un total de 10 unidades fueron incendiadas. Entre los vehículos afectados se encontraban una camioneta de transporte de personal, camiones de empresas comerciales y de cableado, vehículos particulares y una motocicleta de reparto.

La madre del joven fallecido acusó directamente a elementos estatales de ser responsables de lo ocurrido. “Toda la gente del rancho sabe quiénes fueron. Quisiera saber por qué lo mataron, él no hacía nada. Yo solamente quiero justicia”, declaró tras interponer la denuncia correspondiente, asegurando que existen videos y testigos presenciales.

Al caer la noche, el conflicto aumentó cuando varias patrullas estatales intentaron aproximarse, pero fueron recibidas con piedras por algunos pobladores, lo que obligó a los agentes a retirarse temporalmente de la zona. Más tarde, un grupo especializado ingresó para controlar el perímetro de riesgo. Hasta el momento, no se había confirmado la detención de personas relacionadas con estos hechos.

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Por su parte, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), integrado por los tres niveles de gobierno, emitió un comunicado en el que aseguró que estos acontecimientos no correspondían a una protesta ciudadana espontánea.

Según las autoridades, los bloqueos e incendios habrían sido una reacción organizada para obstaculizar los operativos de inteligencia y seguridad que se desarrollan en la región con el objetivo de detener a personas vinculadas con actividades delictivas.

Un juez federal determinó absolver al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, uno de los señalamientos más graves que enfrentaba dentro de su proceso judicial. La resolución se da tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad en este ilícito.

El exmandatario, quien fue una figura clave en la política del estado y ha sido señalado por presuntos actos de corrupción durante su administración, mantenía abierto este proceso como parte de una investigación más amplia en su contra.

De acuerdo con el fallo, no se encontraron elementos suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada, por lo que el juez determinó su absolución en ese cargo específico.

Sin embargo, el exgobernador no queda completamente libre de señalamientos, ya que continúa enfrentando otro proceso por presunto lavado de dinero, por lo que su situación jurídica aún permanece en curso

El caso sigue abierto en distintas líneas de investigación, mientras la autoridad judicial mantiene las medidas correspondientes para dar seguimiento al resto de las acusaciones.

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