La decisión de una jueza federal ha generado polémica a nivel nacional. José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red dedicada al robo y tráfico de combustible, obtuvo un cambio en sus medidas cautelares que le permitirá abandonar la prisión y permanecer bajo resguardo domiciliario.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado podrá permanecer en una vivienda de Monterrey mientras continúa su proceso legal. Además, fuentes citadas en el caso señalaron que tendría autorización para salir hasta seis horas al día y realizar desplazamientos adicionales en caso de emergencias médicas.

El beneficio fue concedido después de que una jueza federal otorgara una suspensión provisional y ordenara revisar la prisión preventiva que pesaba sobre el presunto huachicolero. Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de abandonar el país mientras se define su situación jurídica.

La captura de “Titán” fue anunciada por el Gobierno federal como parte de una investigación relacionada con uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente ingresado de forma ilegal a México. La decisión judicial ha reavivado el debate sobre las medidas cautelares otorgadas a personas señaladas por delitos de alto impacto y el alcance de las resoluciones emitidas por jueces federales.

Vecinos de Villas Guanajuato lanzaron una denuncia que podría encender la polémica en la capital. De acuerdo con el reporte ciudadano, el Centro Comunitario de la zona presuntamente estaría obteniendo energía eléctrica de manera irregular, luego de que se observaran trabajos para conectar cables desde las instalaciones hasta un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la denuncia, hace apenas unos días el inmueble permanecía sin servicio eléctrico; sin embargo, ahora cuenta nuevamente con luz pese a que, aseguran los reportantes, no tendría medidor instalado. Los ciudadanos señalan que incluso se habría realizado una “ranita” o conexión improvisada hacia un registro de la CFE, lo que ha despertado sospechas entre habitantes de la zona.

Ante estas acusaciones, los vecinos hicieron un llamado tanto a la CFE como a las autoridades correspondientes para que realicen una inspección y aclaren si la conexión es legal o si existe alguna irregularidad. Hasta el momento no hay una postura oficial sobre el caso, pero la denuncia ya genera cuestionamientos sobre quién autorizó la conexión y bajo qué condiciones opera actualmente el centro comunitario.

La calle principal de Puentecillas, donde se ubica el Banco del Bienestar, presenta severas deficiencias en materia de pavimentación, una situación que diariamente afecta a decenas de ciudadanos que acuden a realizar trámites y cobrar sus apoyos económicos. El deterioro de la vialidad genera complicaciones para automovilistas y peatones, especialmente durante la temporada de lluvias.

La problemática impacta con mayor fuerza a los adultos mayores, quienes deben transitar entre tierra, desniveles y zonas en mal estado para llegar a la sucursal bancaria donde reciben su pensión. Vecinos de la zona señalan que el acceso resulta incómodo e incluso riesgoso para personas con movilidad reducida, quienes representan una parte importante de los usuarios del banco.

En el lugar también son visibles diversas lonas del regidor José Carlos Domínguez, situación que ha generado cuestionamientos entre habitantes, quienes consideran que además de la promoción de su imagen, es necesario atender las necesidades más urgentes de la comunidad. Señalan que la mejora de esta vialidad debería ser una prioridad para garantizar un acceso seguro y digno a uno de los servicios más utilizados por la población.