El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo para que declare como Patrimonio Cultural Intangible del Estado a las manifestaciones culturales que, por su valor, significado y relevancia artística, tradicional, musical, intelectual y lingüística, representa la Rondalla Voces y Guitarras de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, y que dicha declaratoria sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Durante la discusión del dictamen, las diputadas Carolina León Medina, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y María Isabel Ortiz Mantilla hicieron uso de la tribuna para manifestar su respaldo a la propuesta.

Carolina León Medina señaló que hablar de la Rondalla Voces y Guitarras es referirse a una etapa histórica en la que se comenzó a dar mayor voz a las juventudes a través de expresiones artísticas. Recordó que la agrupación se presentó por primera vez en el Teatro Antonio del Moral, recinto del propio plantel donde fue fundada, iniciando así una trayectoria que ha perdurado por décadas. Destacó que la rondalla continúa transmitiendo romanticismo, sensibilidad y expresividad mediante su repertorio musical, consolidándose como un símbolo de identidad y camaradería para la comunidad normalista.

Por su parte, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia recordó que la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato establece que el patrimonio cultural intangible comprende los conocimientos, tradiciones, usos, costumbres y expresiones artísticas y musicales que, con el paso del tiempo, adquieren un valor histórico, social y cultural.

Subrayó que la Rondalla Voces y Guitarras cumple plenamente con estos criterios, al contar con casi cinco décadas de permanencia y una trayectoria que ha representado a Guanajuato tanto a nivel nacional como internacional. Añadió que la rondalla ha sido un espacio de formación artística, disciplina, convivencia e identidad para generaciones de estudiantes normalistas.

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En su intervención, María Isabel Ortiz Mantilla afirmó que el patrimonio cultural inmaterial es el vínculo que enlaza a las generaciones y fortalece el sentido de pertenencia. Señaló que, en un contexto global marcado por la innovación tecnológica, la preservación del patrimonio cultural intangible enfrenta retos complejos y requiere del respaldo institucional para garantizar su permanencia. Indicó que Guanajuato es reconocido por su riqueza histórica y cultural, y que estas expresiones vivas, como la música y el arte, son elementos fundamentales para definir la identidad del estado.

Asimismo, adelantó que se presentará una iniciativa para identificar y proteger el patrimonio cultural intangible de la entidad.

Los bloqueos carreteros han sido anunciados nuevamente para este 17 de diciembre y son la expresión más visible de un conflicto que se arrastra desde hace meses

Productores agrícolas y transportistas de Guanajuato se sumaron desde mediados de octubre al Paro Agrícola Nacional, impulsado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), ante la falta de respuestas a sus demandas económicas y estructurales.

El origen de la inconformidad se encuentra en el bajo precio del maíz y el sorgo, que según denuncian los agricultores, se paga entre 5,100 y 5,200 pesos por tonelada, por debajo de sus costos de producción.

A ello se suma el rechazo de la industria a comprar el grano nacional en mejores condiciones, el encarecimiento de insumos como fertilizantes, diésel y energía eléctrica, así como el acaparamiento que, acusan, presiona a la baja los precios. El resultado ha sido la descapitalización del campo, con cosechas almacenadas, deudas crecientes y falta de recursos para el siguiente ciclo agrícola.

Ante lo que consideran abandono institucional, retrasos en el pago del seguro catastrófico y adeudos federales millonarios, los productores decidieron trasladar el conflicto a carreteras y autopistas estratégicas del estado. Los bloqueos en tramos como Irapuato–Salamanca, Irapuato–Silao y accesos industriales buscan presionar a las autoridades federales y estatales para reactivar el diálogo y atender las demandas del sector, que advierte que, sin soluciones de fondo, las movilizaciones continuarán.

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Guanajuato, Gto.– La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para que no se aplique el concepto de “exceso en la legítima defensa” cuando se defienda un bien propio o ajeno en contextos de violencia física, sexual o feminicida.

Al dar lectura a la exposición de motivos, la legisladora señaló que, aunque son escasas las estadísticas sobre mujeres encarceladas por defender su vida ante una situación de peligro, existen registros que indican que, hasta el año 2023, en el país había 17 mujeres sentenciadas por homicidio doloso, 27 por lesiones y 20 por violencia familiar.

García Oliveros afirmó que estas mujeres no deberían ser procesadas ni sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la legítima defensa, pues no actuaron sin motivo, sino que reaccionaron ante contextos de violencia extrema que así lo exigían, en muchos casos derivados de violencia física, sexual o feminicida.

Añadió que, pese a que varias mujeres argumentan haber actuado en legítima defensa, sus casos suelen ser invalidados debido a estereotipos sexistas, lo que provoca que pasen de ser consideradas víctimas a ser tratadas como victimarias.

Asimismo, precisó que la legítima defensa ya se encuentra reconocida en la legislación mexicana como una causa de justificación que permite actuar en defensa propia o de terceros sin responsabilidad penal, siempre que exista una agresión actual, real e injusta, y que la reacción sea proporcional al peligro enfrentado.

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La diputada explicó que la propuesta busca reforzar la obligación de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos, así como de las autoridades encargadas de impartir justicia, en todos los casos relacionados con violencia sexual, feminicida y de género.

Subrayó que una de las premisas fundamentales de la iniciativa es que ninguna mujer enfrente responsabilidad penal por defender su vida frente a su agresor o agresores, cuando haya sido víctima de violencia física, sexual o feminicida.

Finalmente, reiteró que la iniciativa tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y el derecho a la legítima defensa de las mujeres que, ante situaciones de violencia extrema, repelan una agresión.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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