El caso de corrupción que marcó a la 4T vuelve a encender la polémica.

Diputados de oposición denunciaron que en el escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se está aplicando una “impunidad selectiva”, al señalar que solo funcionarios de menor nivel han sido procesados, mientras figuras clave siguen sin enfrentar cargos.

El señalamiento surge luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una nueva imputación contra René Gavira, exdirector administrativo del organismo, por un presunto desvío millonario en Zacatecas.

Sin embargo, legisladores cuestionan que el ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, no haya sido investigado ni acusado formalmente, pese a ser el responsable directo del organismo durante el periodo en que ocurrieron los desfalcos.

El caso Segalmex es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en México en los últimos años, con recursos desviados que superan los miles de millones de pesos destinados a programas alimentarios.

Mientras avanzan algunas investigaciones, el debate crece: ¿se está castigando a todos los responsables… o solo a los eslabones más débiles?

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A pesar de la inversión de 3.9 millones de pesos destinada a la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Guanajuato, el mercado de artesanías instalado en el lugar continúa mostrando una baja actividad comercial y escasa afluencia de visitantes.

Ubicado en la ex estación ferroviaria, el proyecto ha sido cuestionado por su ubicación poco estratégica, lejos de los principales corredores turísticos de la ciudad. Comerciantes y visitantes señalan que la falta de flujo peatonal limita las ventas y reduce el atractivo del espacio.

Además, en recorridos recientes se ha observado que varios locales —incluso en zonas cercanas al mercado, al otro lado de la calle— permanecen cerrados, lo que refuerza la percepción de abandono. Esta situación ha llevado a que algunos lo califiquen como un posible “elefante blanco”, es decir, una obra pública con poca utilidad real.

El caso abre nuevamente el debate sobre la planeación de proyectos urbanos y el uso de recursos públicos, así como la necesidad de generar estrategias que impulsen la actividad económica local y eviten que espacios rehabilitados queden en desuso.

En el Congreso local, el diputado David Martínez Mendizábal propuso abrir una mesa de trabajo con expertos para fortalecer una iniciativa clave: establecer mecanismos claros que permitan medir la pobreza en Guanajuato. La propuesta, presentada originalmente en 2024 junto a la legisladora Hades Aguilar, busca reformar la Ley de Planeación del estado con el objetivo de construir herramientas más precisas y confiables en este rubro.

El legislador señaló que uno de los principales problemas es la falta de indicadores concretos desde el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, lo que impide conocer con certeza si los programas sociales realmente están funcionando. Ante este vacío, la iniciativa plantea incorporar metodologías tanto cualitativas como cuantitativas que permitan evaluar de forma más objetiva el impacto de las políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza.

Además, la propuesta pretende afinar los criterios dentro de la Ley de Planeación para mejorar la evaluación de los programas gubernamentales, apostando por un modelo técnico sólido y transparente. Martínez Mendizábal destacó que la participación de especialistas y legisladores de distintas fuerzas políticas será clave para enriquecer la iniciativa y avanzar hacia una medición más justa y efectiva de la pobreza en la entidad.