En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.

Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.

Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.

“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.

El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.

Está semana la noticia de que Saúl Navarro, el hijo de la presidenta municipal de Guanajuato Samantha Smith, era parte de la comisión invitada a China para los acostumbrados proyectos de hermandad entre ciudades.

De inmediato, en medios y sociedad hubo una reacción sobre la falta de méritos para dicha misión, es más, ni siquiera se puede decir que tiene un puesto en el municipio.

En un sondeo ciudadano los capitalinos se dijeron enterados de la manera en que la familia Navarro Smith está gobernando la capital de Guanajuato como si se tratara de un rancho bananero y mostraron su desagrado.

Muchos exigieron que dichos eventos podrían ser estimulantes para talentos escolares o artisticosten en lugar de privilegios políticos.

El Ayuntamiento de Guanajuato aprobó recientemente el Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, PMDUOET, una medida que está generando debate tanto en el sector político como entre activistas y especialistas en desarrollo urbano. La propuesta recibió el voto en contra de los regidores Fernanda Arellano y Víctor Hugo Larios, ambos de Morena.

Uno de los puntos más destacados del PMDUOET es la declaración de la zona de La Bufa como un área de conservación fuera de los planes urbanísticos. Sin embargo, el proyecto también contempla la construcción de tres nuevas vialidades urbanas en el municipio, lo que ha generado preocupación debido a la posibilidad de que esto fomente una mayor expansión urbana en áreas protegidas.

Dichas vialidades conectarán Yerbabuena con la carretera Panorámica, pasando por las zonas de Diego Rivera y Pozuelos entre las zonas cerranas aledañas a lo que se le conoce como el “Terraplen“.

Especialistas advierten que estos nuevos accesos podrían provocar un desbordamiento de la urbanización hacia las faldas de La Bufa, un área de alta importancia ecológica. Además, han señalado que el polígono en cuestión tiene una relevancia hídrica significativa, ya que los escurrimientos provenientes de esta zona alimentan el río Guanajuato y la zona de recarga del acuífero en el sur de la ciudad. La intervención en este espacio, según expertos, generará un impacto ambiental negativo que podría comprometer el equilibrio ecológico de la región.

A pesar de las advertencias de activistas y especialistas, el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Samantha Smith, ha defendido el plan de desarrollo como una solución para las necesidades urbanas de la ciudad.

No obstante, críticos del proyecto argumentan que las contradicciones dentro del propio programa reflejan una falta de visión integral respecto a la protección del medio ambiente y la planificación territorial.

La falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el crecimiento desordenado de la capital del estado, según han señalado ambientalistas y especialistas en desarrollo urbano.

La ausencia de un programa que garantice un desarrollo ordenado y sustentable ha facilitado la urbanización de zonas de conservación ecológica, beneficiando a políticos y empresarios en detrimento del patrimonio natural de Guanajuato a lo largo de los últimos 13 años.

Activistas advirtieron que este fenómeno no solo afecta la identidad de los guanajuatenses al modificar el paisaje natural y serrano, sino que también pone en riesgo áreas de alto valor ecológico.

En los últimos años, la falta de regulación del desarrollo urbano ha permitido que diversos proyectos avancen sin una evaluación integral de sus consecuencias ambientales y sociales, lo que ha generado un llamado urgente a reforzar las políticas de conservación en la capital del estado.