Padres de familia de la Secundaria Federal Guadalupe Victoria 1, en Guanajuato capital, alzaron la voz y solicitaron que se revise la situación que, aseguran, enfrenta el plantel. De acuerdo con una denuncia enviada a este medio, existiría un proyecto de construcción de una barda con apoyo del Gobierno Federal, pero presuntamente se estarían poniendo obstáculos para que los trabajos puedan realizarse. Una situación que ha generado molestia entre algunas familias que cuestionan por qué, si existen recursos y proyectos destinados a mejorar la escuela, las obras no terminan de concretarse.

Los señalamientos también alcanzan al director del plantel, a quien algunos padres describen como una persona con un trato presuntamente déspota y poco cordial hacia trabajadores de la institución. Además, afirman que al estar a cargo de los turnos matutino y vespertino, habría poca presencia durante la tarde, situación que —según los denunciantes— repercutiría en los horarios del personal administrativo. Pero eso no es todo: los padres solicitan que se realice una revisión de las cuentas y del manejo de las cuotas voluntarias, pues aseguran que existen dudas respecto a la administración de esos recursos. También cuestionan presuntos cobros elevados por reparaciones y señalan la supuesta venta de cartas de buena conducta a padres de familia.

La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando con los recursos destinados a esta secundaria? Los denunciantes aseguran que el plantel necesita diversas reparaciones y que, aunque ha recibido apoyo de instituciones gubernamentales, las mejoras no serían visibles. Por ello piden que las autoridades educativas investiguen, revisen la documentación correspondiente y, en su caso, aclaren cada uno de los señalamientos. Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de una denuncia de padres de familia y requieren ser verificadas por las autoridades competentes.

La llegada del huracán Polo al Pacífico mexicano encendió las alertas en Jalisco y la Secretaría de Educación tomó una medida preventiva para resguardar a la comunidad escolar.

A partir de este miércoles 23 y hasta el viernes 25 de septiembre, se suspenden las clases presenciales en 33 municipios del estado. La indicación es para ambos turnos y para todos los niveles educativos que dependen de la SEJ. Las clases no se cancelan, se trabajará a distancia.

Así lo confirmó el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, quien explicó que la prioridad es evitar riesgos para alumnos, maestros y personal administrativo mientras el fenómeno meteorológico se desplaza por la zona.

“Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 habrá suspensión de actividades presenciales y las actividades escolares se realizarán a distancia”, señaló.

LOS 33 MUNICIPIOS DONDE NO HABRÁ CLASES PRESENCIALES:

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La suspensión aplica principalmente en la zona sur, costa y sierra del estado, donde se espera el mayor impacto de lluvias y vientos.

Zona sur y sureste: Pihuamo, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Tolimán.

Zona Sierra de Amula y Sierra Occidental: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya y Tuxcacuesco.

Zona Costa y Costa Sur: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

Zona Sierra y otras regiones: Atenguillo, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

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Las autoridades educativas aclararon que la medida podría levantarse antes del viernes si las condiciones del clima mejoran y ya no representan peligro.

Además, lanzaron un llamado a padres y estudiantes a permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que el viento pueda arrastrar y seguir en todo momento los avisos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Las clases presenciales se reanudarán en cuanto el huracán Polo deje de representar un riesgo para la población.

Una reforma que se discute en el Congreso desató polémica luego de que el PAN advirtiera que podría afectar memes y parodias que utilicen elementos de la identidad gráfica del Gobierno. La propuesta contempla penas de tres a siete años de prisión y multas para determinados usos de signos, logotipos o dominios oficiales con fines comerciales y cuando puedan inducir a error o engaño.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la redacción podría alcanzar contenidos de sátira política y pidió que se establezcan excepciones explícitas para periodistas y parodias. Su postura es una interpretación de los alcances de la iniciativa, que todavía se encuentra en discusión.

En paralelo, la Cámara de Diputados analiza otra reforma relacionada con contenidos modificados o alterados sin autorización, incluidos materiales generados o manipulados mediante inteligencia artificial. El dictamen contempla sanciones económicas para proveedores de internet que no retiren determinados contenidos, aunque legisladores señalaron que buscan modificar la redacción para evitar que se interprete como una sanción a los memes.

Por ahora, ninguna de estas medidas está vigente como ley. Las propuestas todavía deben pasar por el proceso legislativo, mientras continúa el debate sobre cómo proteger la propiedad industrial y, al mismo tiempo, garantizar la libertad de expresión y la parodia en redes sociales