Los recientes cambios en la circulación vial en la zona del Túnel del Laurel y la glorieta de Marfil han generado opiniones divididas entre automovilistas, peatones y comerciantes este lunes, luego de que autoridades implementaran un nuevo esquema de movilidad como parte de un plan para reducir accidentes y agilizar el tránsito. La intervención incluyó el cierre de la glorieta, la instalación de semáforos, retiro de topes y reubicación de paradas de transporte público, en un intento por eliminar puntos de conflicto en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales, los cambios responden a estudios técnicos que buscan mejorar los tiempos de traslado —que en horas pico podían superar los 20 minutos— y reducir percances viales registrados en la zona. Sin embargo, en la práctica, el arranque del nuevo modelo ha generado confusión: conductores que ignoran semáforos, peatones desorientados y recorridos más largos para tomar rutas habituales forman parte del panorama actual. Incluso, algunos usuarios han tenido que caminar mayores distancias para acceder al transporte público, lo que ha provocado inconformidad, especialmente entre adultos mayores.

Mientras el gobierno sostiene que se trata de un ejercicio de “urbanismo táctico” temporal que será evaluado antes de definir su permanencia, ciudadanos advierten riesgos y falta de adaptación en la implementación. El debate se mantiene abierto: por un lado, la promesa de una circulación más fluida y segura; por el otro, las complicaciones inmediatas en la vida cotidiana. En una ciudad con infraestructura compleja como Guanajuato capital, estos ajustes evidencian el desafío constante de equilibrar modernización vial con funcionalidad real para sus habitantes.

En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.

El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.

Impulsa el Diputado Antonio Chaurand reforma para acelerar adopciones y dar hogar a la niñez en Guanajuato

El diputado de Morena, Antonio Chaurand, presentó una iniciativa para modificar el Código Civil del estado con el objetivo de agilizar los procesos de adopción, disminuir la carga burocrática y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan integrarse a una familia en el menor tiempo posible. La propuesta busca responder a una problemática que por años ha frenado el acceso efectivo a este derecho fundamental.

Entre los puntos centrales, se plantea que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emita el certificado de idoneidad en un plazo máximo de 45 días hábiles, evitando retrasos que actualmente prolongan innecesariamente los trámites. Además, se establece que las resoluciones judiciales en estos casos se dicten con mayor rapidez, priorizando siempre el interés superior de la niñez.

La urgencia de la reforma se refleja en las cifras: alrededor de 600 menores permanecen en casas hogar en Guanajuato, muchos de ellos por situaciones de violencia o vulnerabilidad, mientras que el año pasado solo se concretaron 74 adopciones. A esto se suma que las probabilidades de ser adoptados disminuyen drásticamente con la edad, lo que evidencia la necesidad de procesos más eficientes que permitan brindarles una oportunidad real de crecer en un entorno familiar estable.