En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.

Una jardinera ubicada en la zona de la exestación se ha convertido en un foco de peligro para quienes transitan por el lugar, especialmente para niñas y niños que suelen jugar en el área. La estructura, construida de manera irregular, presenta varillas de acero expuestas que sobresalen entre piedras y cemento, lo que podría provocar lesiones graves en caso de una caída o descuido.

Se puede observar claramente cómo estas varillas, sin ningún tipo de protección, sobresalen a distintas alturas, rodeadas de material deteriorado y agrietado. Además, la superficie luce inestable, con piedras sueltas y concreto desgastado, lo que incrementa el riesgo de tropiezos. Este tipo de condiciones representan un peligro latente, sobre todo en un entorno donde hay constante paso peatonal y presencia de menores.

Vecinos de la zona han manifestado su preocupación, señalando que la falta de mantenimiento y supervisión podría derivar en un accidente en cualquier momento. Hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta situación de inmediato, ya sea retirando las varillas o asegurando la estructura, antes de que ocurra una tragedia que pudo haberse evitado.

El gobierno federal busca dar un giro contundente en el combate a la violencia contra las mujeres: una nueva iniciativa plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país y aumentar las penas hasta 70 años de prisión.

La propuesta, presentada por autoridades federales, pretende que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con protocolos obligatorios y perspectiva de género, evitando omisiones o fallas en las investigaciones.

Además de endurecer las sanciones —que irían de 40 a 70 años de cárcel—, la iniciativa busca unificar criterios en todas las entidades, ya que actualmente existen diferencias en cómo se tipifica y castiga este delito.

El proyecto también contempla agravantes específicas, castigos para la tentativa y medidas más estrictas como la pérdida de derechos del agresor, en un intento por cerrar espacios a la impunidad.

La reforma será enviada al Congreso, donde se discutirá en medio de una realidad alarmante: la violencia feminicida sigue siendo una de las crisis más urgentes del país.

Con esta iniciativa, el gobierno busca mandar un mensaje claro: el feminicidio no solo será castigado con mayor severidad, sino investigado sin margen de error desde el primer momento.

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