En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.

El partido Morena vuelve a estar bajo la lupa. Aunque ha solicitado más de 600 millones de pesos en presupuesto para actividades específicas, la realidad muestra un contraste: el gasto efectivo en su periódico Regeneración ha sido considerablemente menor.

De acuerdo con reportes oficiales, para 2026 el partido contempló destinar hasta 130 millones de pesos a su órgano de difusión, la cifra más alta proyectada hasta ahora.

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia solo aparecen cinco contratos por poco más de 22 millones de pesos, una cantidad muy por debajo de lo presupuestado.

El historial también revela inconsistencias: en años anteriores, Morena ha proyectado montos elevados para este rubro, pero sin que el gasto real refleje esas cifras en su totalidad.

Este desfase ha reavivado cuestionamientos sobre el uso y destino de los recursos públicos asignados a los partidos, especialmente en un contexto donde el discurso oficial ha sido el de austeridad.

Así, más allá de los números, el caso vuelve a abrir el debate: ¿por qué se solicita tanto presupuesto si el gasto real es mucho menor?

Advertisement

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso penal por un juez, en un caso que apunta a presuntas irregularidades millonarias durante su administración y que ahora lo coloca en el centro de la escena judicial.

Las autoridades lo acusan de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones, relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se concretó.

El proyecto contemplaba pagos de alrededor de 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, comprometiendo recursos públicos del estado sin que la obra se materializara.

Durante una audiencia que se extendió por casi 23 horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal, en el que Bonilla es señalado como coautor de las decisiones que derivaron en el contrato cuestionado.

Aunque la defensa argumentó que algunos pagos se realizaron después de que dejó el cargo, el caso avanzó y ahora el exmandatario deberá enfrentar el proceso en tribunales.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la rendición de cuentas de exfuncionarios en México, donde los proyectos fallidos y el manejo de recursos públicos vuelven a estar bajo la lupa.

Advertisement