Una placa de cantera colocada en este parque guarda parte importante de su historia. En ella se indica que el espacio público fue reconstruido el 24 de junio de 1951, cuando era gobernador constitucional del estado el licenciado José Aguilar y Maya. Este registro histórico confirma que el sitio ya existía anteriormente, pero fue intervenido y rehabilitado para mejorar sus instalaciones y convertirlo nuevamente en un punto de convivencia para la población.

La inscripción también señala que durante esa obra de reconstrucción el presidente del Honorable Ayuntamiento era J. Jesús Lomelín, quien encabezaba la administración municipal en ese momento. La colocación de este tipo de placas era una práctica común en la mitad del siglo XX para dejar constancia de las obras públicas que transformaban los espacios urbanos, especialmente parques y plazas que funcionaban como centros sociales de las comunidades.

Desde entonces, el parque ha sido parte de la memoria colectiva de los habitantes, sirviendo como punto de reunión familiar, descanso y actividades recreativas. A más de siete décadas de aquella reconstrucción, la placa continúa recordando el momento en que este espacio fue renovado para las futuras generaciones, consolidándose como un pequeño testimonio de la historia local y del desarrollo urbano de la región.

La instalación de nuevos semáforos en Guanajuato capital ha generado inconformidad entre habitantes, especialmente tras el anuncio de que también serán colocados en la carretera hacia El Pueblito de Rocha.

Este proyecto forma parte de una modernización vial que contempla una inversión total de 58 millones de pesos.

Ciudadanos señalan que los nuevos dispositivos se están instalando en puntos donde no hacen falta y que, lejos de mejorar la circulación, podrían complicarla. Además, cuestionan que la millonaria inversión no corresponda con las necesidades más urgentes de la ciudad.

Entre las principales quejas destacan los baches persistentes, la falta de recolección de basura y otros servicios básicos que requieren atención inmediata. Los habitantes piden mayor transparencia en la toma de decisiones y que se prioricen las verdaderas problemáticas de la capital.

En Guanajuato, decenas de unidades del transporte público siguen circulando a pesar de haber excedido su vida útil de 10 años y sin contar con prórrogas vigentes. A ello se suman camiones provenientes de León y Querétaro que operan sin concesión, conocidos como “piratas”, los cuales han invadido diversas rutas sin regulación alguna. Estas unidades, además de operar fuera de norma, emiten contaminantes visibles y deterioran aún más la movilidad en la ciudad.

Lo más preocupante es que muchas de estas unidades, a pesar de su evidente estado, cuentan con verificaciones vehiculares en regla. De acuerdo con denuncias internas, esto es posible gracias a una red de corrupción que involucra a elementos de Tránsito y a una verificadora ubicada en la zona de Carbonera, que otorga certificados sin que los camiones cumplan con los requisitos ambientales ni mecánicos.

Según la información recabada, un oficial de Tránsito identificado como Jaime Valencia se encarga de facilitar las verificaciones a los concesionarios, mientras que el oficial Antonio Vázquez realiza las gestiones directamente en la verificadora a cambio de dinero. De esta manera, camiones obsoletos y unidades pirata obtienen documentos que les permiten seguir operando como si estuvieran en regla.

Todo esto ocurre con el conocimiento de autoridades superiores, incluyendo al licenciado Alejandro Barbarino, sin que se haya tomado acción efectiva para frenar estas prácticas. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan cada día a camiones contaminantes, inseguros y fuera de norma, preguntándose hasta cuándo continuará esta cadena de impunidad en el transporte público.