En las calles de Guanajuato capital, una persona adulta mayor entona canciones todos los días para ganarse el sustento, recordando que detrás de cada voz hay una historia de esfuerzo y supervivencia. Como él, decenas de personas encontraban en espacios como el Mercado Hidalgo una oportunidad digna para obtener algunas monedas, pero hoy esa realidad ha cambiado tras ser retirados de ese lugar.

Sin acceso a un espacio fijo ni oportunidades laborales, estos músicos urbanos se han dispersado por distintas calles de la ciudad, enfrentando no solo la incertidumbre económica, sino también la indiferencia de muchos transeúntes. Para ellos, cada moneda representa alimento diario, una comida que depende directamente de la solidaridad de quienes los escuchan, aunque sea por unos segundos.

Esta situación pone sobre la mesa la necesidad de mirar con empatía a quienes viven del arte en la vía pública. Lejos de ignorarlos, ciudadanos hacen un llamado a reconocer su esfuerzo y brindar apoyo, recordando que pequeños gestos pueden marcar la diferencia. En una ciudad llena de cultura y tradición, sus voces también forman parte del paisaje que merece respeto y consideración.

En medio del aumento en los combustibles, el gobierno federal logró un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope voluntario de 28.50 pesos por litro de diésel, una medida que busca frenar el impacto económico en todo el país.

La decisión se tomó luego de que el diésel llegara a venderse hasta en 30 pesos por litro en algunas regiones, lo que encendió alertas por su efecto directo en el transporte y el costo de productos básicos.

El acuerdo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es obligatorio, pero pretende estabilizar el mercado en un contexto internacional complicado, marcado por el aumento en los precios del petróleo y tensiones globales.

Aun así, el propio gobierno reconoce que el precio sigue siendo elevado. Por ello, ya se mantienen negociaciones para reducirlo aún más y evitar que continúe presionando la inflación, especialmente en sectores como el transporte de mercancías.

El diésel es uno de los combustibles clave para la economía, por lo que cualquier incremento impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos. Con este acuerdo, la apuesta es clara: contener los precios antes de que el golpe se traslade a la canasta básica.

Por ahora, el tope está fijado… pero la presión para bajarlo aún más sigue sobre la mesa.

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En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.