El Gobierno del Estado de Guanajuato contrató una deuda por 4 mil millones de pesos que será pagada a través del presupuesto estatal durante los próximos 10, 15 y hasta 20 años. Esto significa que no solo la administración actual cubrirá el compromiso, sino también gobiernos futuros, utilizando recursos provenientes de participaciones federales e ingresos estatales, es decir, dinero público.

Aunque el monto solicitado es de 4 mil millones, el costo total será mayor debido a los intereses pactados con las instituciones bancarias Banamex y BBVA. De acuerdo con estimaciones financieras publicadas por medios locales, el pago final podría superar los 6 mil 600 millones de pesos, lo que implicaría más de 2 mil 600 millones adicionales solo en intereses.

Si bien las autoridades argumentan que los recursos se destinarán a inversión pública productiva en infraestructura, seguridad, salud y educación, la contratación ha generado debate político y cuestionamientos sobre transparencia y sostenibilidad financiera. En los hechos, la deuda será cubierta con recursos que, de otra forma, podrían destinarse a otros servicios públicos, lo que convierte el tema en un asunto de impacto directo para la ciudadanía.

Durante sesión de la Comisión de Movilidad del Congreso de Guanajuato, las y los legisladores aprobaron por unanimidad un exhorto dirigido a los 46 municipios para que reorienten el servicio público de transporte urbano bajo principios de derecho humano a la movilidad, justicia social, accesibilidad y transparencia. En la reunión participaron la diputada María Eugenia García Oliveros y el diputado Ernesto Millán Soberanes, quienes respaldaron que las decisiones municipales se sustenten en análisis técnicos y sociales.

La propuesta establece que los ayuntamientos evalúen una posible transición hacia un modelo de transporte de carácter público mediante una comisión mixta tarifaria, tomando en cuenta indicadores como demanda, oferta, costos operativos, tecnología, infraestructura y variables socioeconómicas locales. El objetivo es garantizar que las políticas de movilidad respondan a criterios de eficiencia administrativa y equidad, evitando cargas económicas excesivas para la población usuaria.

Como parte del estudio de la reforma a la Ley de Movilidad estatal —que busca instaurar la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente— se acordó realizar una mesa de trabajo con entes consultados el próximo 18 de marzo. Además, se informó sobre la iniciativa de la diputada Hades Aguilar, quien exhortó al gobierno municipal de Salamanca a aplicar de inmediato acciones para reorientar el transporte urbano bajo el enfoque de movilidad como derecho humano.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que intensifiquen negociaciones con Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer un Acuerdo de Suspensión que elimine los aranceles al jitomate fresco mexicano. Además, se solicitó la creación de un programa emergente de apoyo que permita a los productores enfrentar las afectaciones económicas y ampliar sus mercados de exportación.

Durante la discusión, la legisladora Noemí Márquez Márquez advirtió que desde julio pasado los gravámenes han reducido significativamente las ganancias y ventas internacionales del sector, cuya actividad depende en más de 90 % del comercio exterior. Señaló que el estado de Guanajuato ocupa el lugar doce nacional en producción de jitomate, con más de 111 mil toneladas anuales y alrededor de tres mil empleos directos en municipios como Pénjamo, Irapuato, Celaya y Salamanca.

La congresista subrayó que, sin intervención federal, el impacto podría agravarse y provocar saturación en los mercados locales, desperdicio de cosechas y pérdidas laborales en la cadena agroexportadora. El dictamen fue avalado por mayoría, con el llamado a revisar de forma integral las políticas de fomento agrícola para priorizar cultivos estratégicos y disminuir la dependencia alimentaria del exterior.