Salamanca, Gto. El Hospital Regional de Pemex “Dr. Alejandro Castanedo Kimball”, que durante años fue símbolo de atención médica de calidad para trabajadores petroleros y sus familias, enfrenta hoy una crisis severa por falta de insumos básicos. La situación ha llegado al punto de que pacientes y derechohabientes piden donaciones de algodón y alcohol para poder realizar curaciones.

La escasez también ha provocado cancelación de cirugías, retraso de consultas y falta de medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas. A ello se suman fallas administrativas y deterioro de la infraestructura, lo que ha generado inconformidad y frustración entre los usuarios.

Aunque los derechohabientes aseguran que el deterioro ha sido progresivo, coinciden en que el problema se ha agravado recientemente. Pemex no ha emitido una postura oficial, mientras la atención médica que antes distinguía al hospital continúa en declive.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría específica de cumplimiento al Poder Ejecutivo estatal por el manejo de recursos del programa Prevención de Adicciones en Jóvenes Planet Youth Guanajuato. La propuesta busca que esta revisión se incorpore al Programa General de Fiscalización 2026 y abarque los ejercicios fiscales de 2021 a 2024, con el fin de analizar el cumplimiento financiero de todas las operaciones realizadas con recursos públicos.

Durante su intervención, la legisladora recordó que el programa Planet Youth fue creado en 2021 como una estrategia basada en el modelo islandés para prevenir adicciones en jóvenes, el cual —dijo— no arrojó los resultados esperados debido a las condiciones socioeducativas y geográficas del estado. Detalló que el proyecto inició con un presupuesto de 56 millones de pesos y que para 2024 recibió más de 66 millones, recursos que se destinaron a talleres, pláticas y congresos relacionados con la prevención de adicciones.

Aguilar Castillo añadió que en 2025 el programa fue sustituido por Vive sin adicciones, al que se le asignaron 28 millones de pesos, mientras que para el actual ejercicio fiscal el presupuesto se redujo a solo 5 millones. La diputada expresó preocupación por la falta de claridad en el destino de los recursos ejercidos durante los años anteriores y por la presunta existencia de personas que habrían recibido doble remuneración, tanto como servidores públicos del sector salud como representantes regionales de Planet Youth. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.

En medio de una fuerte controversia por el manejo del patrimonio histórico de la capital, trascendió la salida de Olga Adriana Hernández Flores como delegada del Centro INAH Guanajuato, cargo que ocupó desde 2021. Su salida ocurre tras semanas de tensión con el gobierno municipal, luego de que la autoridad local desacatara disposiciones federales relacionadas con la protección de espacios históricos, lo que ya derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La arquitecta Hernández Flores se distinguió por su postura firme en la defensa del Museo de las Momias y de los propios cuerpos áridos, así como en la preservación del patrimonio cultural de Guanajuato, incluso frente a resistencias políticas y administrativas. El conflicto más reciente surgió por la instalación de un árbol navideño con propaganda de una empresa refresquera en un espacio protegido, sin contar con la autorización correspondiente del INAH, lo que motivó la colocación de sellos de clausura y la orden de retiro de la estructura.

Pese a que la medida se sustentó en la Ley General de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, los sellos fueron retirados y la disposición federal ignorada, hecho que podría configurar delitos del orden federal. Ante esta situación, se confirmó la presentación de una denuncia “contra quien resulte responsable” ante la FGR, al existir la presunción de que autoridades municipales incurrieron en desacato y violaciones graves a la normatividad en materia de patrimonio cultural. De acuerdo con versiones internas, la fiscal Ernestina Godoy Ramos habría instruido dar seguimiento puntual al caso y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Lejos de corregir el rumbo, el municipio ha continuado con acciones que agravan el conflicto. En días recientes fue instalado un carrusel en la Plaza de la Paz, nuevamente sin autorización del INAH, lo que ha sido interpretado como una reiteración de la falta de respeto a la autoridad federal y a las leyes que protegen a Guanajuato como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El caso deja una estela de confrontación institucional, posibles responsabilidades penales y una seria advertencia sobre los riesgos de subordinar la conservación histórica a decisiones políticas y comerciales.