El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso penal por un juez, en un caso que apunta a presuntas irregularidades millonarias durante su administración y que ahora lo coloca en el centro de la escena judicial.

Las autoridades lo acusan de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones, relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se concretó.

El proyecto contemplaba pagos de alrededor de 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, comprometiendo recursos públicos del estado sin que la obra se materializara.

Durante una audiencia que se extendió por casi 23 horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal, en el que Bonilla es señalado como coautor de las decisiones que derivaron en el contrato cuestionado.

Aunque la defensa argumentó que algunos pagos se realizaron después de que dejó el cargo, el caso avanzó y ahora el exmandatario deberá enfrentar el proceso en tribunales.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la rendición de cuentas de exfuncionarios en México, donde los proyectos fallidos y el manejo de recursos públicos vuelven a estar bajo la lupa.

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En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, se aprobó por mayoría una reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que plantea retirar al Congreso la facultad de emitir recomendaciones sobre los topes salariales de integrantes de los ayuntamientos. La medida ha generado debate entre legisladores, al considerar que podría modificar los criterios de control en el manejo del gasto público municipal.

El diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, expresó su desacuerdo con la reforma al señalar que dichas recomendaciones no eran arbitrarias, sino resultado de análisis técnicos basados en la capacidad financiera de cada municipio. Advirtió que eliminar este mecanismo bajo el argumento de respetar la autonomía municipal podría debilitar la disciplina presupuestaria y abrir la puerta a decisiones discrecionales en el uso de recursos públicos.

En paralelo, el legislador respaldó la necesidad de reforzar acciones contra el nepotismo en el estado, problema que ya ha sido detectado previamente por la Auditoría Superior del Estado. En ese sentido, se impulsa la incorporación de mecanismos específicos dentro del Programa General de Fiscalización 2026, que contemplan la revisión de contrataciones, análisis de cuentas públicas y cruce de información con registros administrativos y patrimoniales, con el objetivo de identificar posibles irregularidades a partir del ejercicio fiscal 2025.

Luego de la controversia por la compra de camionetas blindadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocarse en el centro del debate público al reservar por cinco años la información de su parque vehicular.

La medida mantiene en secreto datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos oficiales, argumentando que hacerlos públicos podría poner en riesgo la seguridad de ministros y funcionarios del Poder Judicial.

La decisión surge semanas después de que se revelara la adquisición de nuevas camionetas blindadas para altos funcionarios, lo que generó críticas por el uso de recursos públicos y cuestionamientos sobre austeridad.

Aunque la Corte insiste en que la reserva responde a motivos de protección institucional, la medida también limita el acceso a información sobre el gasto público, lo que ha reavivado el debate entre seguridad y transparencia.

Así, lo que comenzó como una polémica por vehículos blindados, ahora escala a un nuevo frente: la opacidad en uno de los poderes más importantes del país.

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