En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública analizó dos propuestas que buscan modificar el Código Territorial, enfocadas en la protección de recursos forestales y en la creación de oportunidades de vivienda para jóvenes. Las mesas de trabajo dejaron en evidencia no solo la urgencia de atender ambos temas, sino también las limitaciones legales y administrativas que podrían frenar su aplicación.

En materia ambiental, la iniciativa presentada por la diputada Luz Itzel Mendo González plantea prohibir durante 20 años cualquier uso distinto a la restauración en terrenos forestales afectados por incendios, tala ilegal o desmonte. Aunque la propuesta busca frenar el deterioro ecológico, especialistas y autoridades señalaron que muchas de estas facultades ya corresponden a instancias federales como la SEMARNAT, lo que abre el debate sobre si estas medidas realmente tendrían impacto o quedarían como letra muerta sin una correcta coordinación institucional.

Por otro lado, la propuesta para impulsar vivienda dirigida a jóvenes encendió cuestionamientos sobre su viabilidad. Aunque se plantea como una vía para romper barreras económicas y fomentar la movilidad social, también se advirtió que implicaría un impacto financiero considerable y que no encaja del todo en los esquemas actuales de subsidios y fondos existentes. Mientras tanto, miles de jóvenes en Guanajuato siguen enfrentando dificultades reales para acceder a una vivienda, lo que deja sobre la mesa una exigencia clara: menos discurso y más soluciones concretas.

A pesar de la inversión de 3.9 millones de pesos destinada a la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Guanajuato, el mercado de artesanías instalado en el lugar continúa mostrando una baja actividad comercial y escasa afluencia de visitantes.

Ubicado en la ex estación ferroviaria, el proyecto ha sido cuestionado por su ubicación poco estratégica, lejos de los principales corredores turísticos de la ciudad. Comerciantes y visitantes señalan que la falta de flujo peatonal limita las ventas y reduce el atractivo del espacio.

Además, en recorridos recientes se ha observado que varios locales —incluso en zonas cercanas al mercado, al otro lado de la calle— permanecen cerrados, lo que refuerza la percepción de abandono. Esta situación ha llevado a que algunos lo califiquen como un posible “elefante blanco”, es decir, una obra pública con poca utilidad real.

El caso abre nuevamente el debate sobre la planeación de proyectos urbanos y el uso de recursos públicos, así como la necesidad de generar estrategias que impulsen la actividad económica local y eviten que espacios rehabilitados queden en desuso.

Reporte ciudadano exhibe conflictos y peligro en zona de ascenso del transporte público

“Bajarse del camión no debería ser un riesgo”… pero eso es justo lo que está ocurriendo en la Glorieta del Laurel. Usuarios denuncian que, pese a los cambios recientes en la vialidad para agilizar el tránsito, la parada sigue siendo ocupada por puestos de comida y vehículos estacionados. El problema quedó evidenciado cuando un automóvil, detenido en el lugar mientras su conductor desayunaba, estuvo a punto de atropellar el pie de una menor que descendía del camión junto a su madre.

El incidente generó tensión inmediata. Mientras el conductor argumentaba que no debían bajarse en ese punto, la madre cuestionaba por qué él se encontraba estacionado en una zona destinada exclusivamente para el ascenso y descenso de pasajeros. Testigos señalan que este tipo de situaciones se repite constantemente, ya que los puestos instalados en la curva atraen a clientes que detienen sus vehículos justo en la parada, invadiendo no solo el carril, sino también el espacio peatonal.

A esto se suma otra práctica que agrava el problema: hay conductores que incluso suben sus vehículos a la glorieta para estacionarse, ocupando un espacio que no está destinado como estacionamiento público. Permanecen ahí largos periodos mientras desayunan, como si se tratara de un lugar permitido, sin que se observe presencia de agentes de tránsito que regulen la zona. Más allá del altercado, el reporte ciudadano pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿a quién beneficia realmente que estos puestos continúen operando sin regulación visible? Si la vialidad fue modificada para mejorar la circulación, ¿por qué este punto sigue siendo ignorado, aun cuando representa un riesgo directo para peatones y usuarios del transporte público?