El diputado de Morena, Antonio Chaurand, lanzó fuertes críticas contra la concesión a 30 años de las autopistas Guanajuato-Silao y Silao-San Miguel de Allende, al considerar que esta decisión ha significado renunciar a importantes ingresos por peaje. De acuerdo con el legislador, solo en la caseta Guanajuato-Silao se habrían dejado de percibir alrededor de mil millones de pesos entre 2020 y 2024, lo que calificó como un golpe a las finanzas públicas del estado.

Ante este panorama, Chaurand subrayó la necesidad de garantizar un acceso libre y sin costo hacia la capital del estado, al tiempo que exigió mayor claridad en el manejo de la concesión. En particular, cuestionó que la auditoría externa relacionada con este proceso aún no haya sido publicada, lo que, dijo, genera dudas sobre la transparencia y el destino real de los recursos involucrados.

El legislador también contrastó esta situación con la inversión del gobierno federal, que ha destinado mil 200 millones de pesos al mantenimiento de carreteras libres de peaje. Este hecho, señaló, refuerza la urgencia de tomar decisiones más equitativas en materia de movilidad, priorizando el beneficio de la ciudadanía por encima de intereses a largo plazo que podrían afectar la economía de los usuarios.

La resolución del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no deja bien parada a la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez ni a su equipo de Comunicación Social, encabezado por José Antonio García Salmones Gutiérrez. Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó señalado como una práctica fuera de la ley, al difundirse el informe de gobierno más allá de los tiempos permitidos. El expediente 12/2025-PSO-CG confirma que no se trató de un error menor, sino de una acción que vulnera reglas básicas diseñadas precisamente para evitar el uso político de la función pública.

El hecho de que el informe se haya mantenido en circulación días después de su presentación oficial no es un detalle técnico, sino una estrategia que, aunque intenten minimizar, mantiene la imagen de la alcaldesa en promoción constante. El artículo 242, numeral 5, es claro: los informes deben difundirse en un plazo limitado para impedir que se conviertan en propaganda disfrazada. Ignorar esta disposición no solo evidencia descuido institucional, sino una forma de operar donde la ley parece flexible cuando se trata de posicionamiento personal.

Aunque el IEEG descartó delitos más graves como actos anticipados de campaña o uso indebido de recursos, el fondo del problema permanece: el uso de canales oficiales para prolongar la exposición política de una figura pública. La sanción y la vista al Congreso y a la Contraloría dejan claro que hubo responsabilidad, pero también abren una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se está utilizando el aparato gubernamental para fines que rebasan la simple comunicación institucional? Porque cuando la línea entre informar y promover se borra, la confianza ciudadana también empieza a desdibujarse.

En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, se aprobó por mayoría una reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que plantea retirar al Congreso la facultad de emitir recomendaciones sobre los topes salariales de integrantes de los ayuntamientos. La medida ha generado debate entre legisladores, al considerar que podría modificar los criterios de control en el manejo del gasto público municipal.

El diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, expresó su desacuerdo con la reforma al señalar que dichas recomendaciones no eran arbitrarias, sino resultado de análisis técnicos basados en la capacidad financiera de cada municipio. Advirtió que eliminar este mecanismo bajo el argumento de respetar la autonomía municipal podría debilitar la disciplina presupuestaria y abrir la puerta a decisiones discrecionales en el uso de recursos públicos.

En paralelo, el legislador respaldó la necesidad de reforzar acciones contra el nepotismo en el estado, problema que ya ha sido detectado previamente por la Auditoría Superior del Estado. En ese sentido, se impulsa la incorporación de mecanismos específicos dentro del Programa General de Fiscalización 2026, que contemplan la revisión de contrataciones, análisis de cuentas públicas y cruce de información con registros administrativos y patrimoniales, con el objetivo de identificar posibles irregularidades a partir del ejercicio fiscal 2025.