El campo mexicano enfrenta una paradoja preocupante: producirá más alimentos en 2026, pero ganará menos dinero.

De acuerdo con proyecciones del sector agroalimentario, la producción agrícola tendrá un incremento; sin embargo, el valor económico del campo podría caer hasta en 66 mil millones de pesos, golpeando directamente a los productores.

El problema no está en cuánto se produce… sino en cuánto se paga por lo que se produce. La caída en los precios de granos, junto con el aumento en costos como fertilizantes, diésel y transporte, ha reducido drásticamente la rentabilidad.

Hoy, muchos agricultores enfrentan una realidad crítica: producir cuesta más de lo que se gana, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de productores en el país.

A esto se suma la dependencia de importaciones y la falta de apoyos suficientes, factores que han detonado protestas en distintas regiones y evidencian un sector cada vez más presionado.

Así, mientras los números de producción crecen… la riqueza del campo mexicano se desploma.

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La diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, anunció que promoverá la realización de mesas de trabajo abiertas e incluyentes como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca atender casos de violencia relacionados con la movilidad de niñas y niños. La legisladora subrayó que estos espacios permitirán que madres de familia participen directamente, compartan sus experiencias y contribuyan en la construcción de soluciones desde el Congreso del Estado.

La propuesta surge luego de que, tras su presentación el pasado 26 de marzo, la diputada comenzara a recibir numerosos testimonios a través de redes sociales. En ellos, mujeres relatan situaciones en las que enfrentan restricciones injustificadas para trasladar a sus hijas e hijos, muchas veces como forma de presión por parte de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades. Moreno Valencia destacó que estas prácticas representan una forma de violencia que impacta tanto a las madres como a los menores.

La iniciativa plantea modificar el artículo primero de la Constitución local para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios limiten la movilidad de sus hijos. Además, contempla la creación de mecanismos judiciales más ágiles y con perspectiva de género, que faciliten autorizaciones en casos de abandono o incumplimiento. También establece que, en cualquier proceso de traslado o cambio de residencia, las autoridades deberán priorizar el interés superior de la niñez, garantizando su bienestar, identidad y derecho a una vida familiar digna.

A tres años de su creación, la empresa estatal LitioMx, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue sin despegar: no tiene proyectos, no ha recibido inversión productiva y no ha generado resultados concretos.

De acuerdo con reportes recientes, el organismo ha operado prácticamente solo para cubrir gastos administrativos, destinando más de 40 millones de pesos principalmente al pago de salarios, sin avances en exploración o explotación del litio.

Aunque el litio fue declarado como un recurso estratégico bajo control del Estado, la realidad es que no se ha invertido en estudios, infraestructura ni desarrollo de yacimientos, lo que mantiene al proyecto estancado.

Incluso, especialistas advierten que lo destinado hasta ahora representa menos del 1% de lo necesario para desarrollar una industria del litio en México, mientras otros países avanzan con inversiones millonarias y asociaciones público-privadas.

Para 2026, el presupuesto asignado ronda los 13.9 millones de pesos, pero nuevamente enfocado en gasto corriente, sin recursos dirigidos a proyectos productivos.

El caso abre cuestionamientos sobre el futuro de LitioMx y el papel de México en el mercado global del llamado “oro blanco”.

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Porque mientras el mundo acelera la carrera por el litio, en México…
el proyecto sigue detenido en el papel.