En el Congreso del Estado de Guanajuato, la mayoría panista votó en contra de un punto de acuerdo impulsado por Morena que buscaba garantizar la entrega de pensiones a personas con discapacidad permanente. La propuesta, presentada por la diputada Hades Aguilar, fue rechazada con 20 votos en contra frente a 13 a favor, impidiendo así exhortar a la gobernadora Libia Dennise García a cumplir con este derecho.

Desde tribuna, Aguilar denunció que el gobierno estatal ha ignorado solicitudes formales realizadas por ciudadanos con discapacidad, quienes exigen ser incorporados al programa de pensión. Subrayó que no se trata de un trámite administrativo, sino de una posible violación a derechos fundamentales, ya que este apoyo está respaldado tanto por la Constitución como por resoluciones judiciales. Además, evidenció que al menos tres personas han presentado peticiones sin recibir una respuesta oficial.

Legisladores de Morena, como David Martínez Mendizábal y María Eugenia García Oliveros, respaldaron la iniciativa y exigieron el cumplimiento de la ley. Advirtieron que la omisión podría derivar en sanciones para las autoridades, al no acatar una sentencia de amparo vigente. Coincidieron en que el marco legal ya existe, pero acusaron falta de voluntad política para garantizar este derecho a uno de los sectores más vulnerables.

El campo mexicano enfrenta una paradoja preocupante: producirá más alimentos en 2026, pero ganará menos dinero.

De acuerdo con proyecciones del sector agroalimentario, la producción agrícola tendrá un incremento; sin embargo, el valor económico del campo podría caer hasta en 66 mil millones de pesos, golpeando directamente a los productores.

El problema no está en cuánto se produce… sino en cuánto se paga por lo que se produce. La caída en los precios de granos, junto con el aumento en costos como fertilizantes, diésel y transporte, ha reducido drásticamente la rentabilidad.

Hoy, muchos agricultores enfrentan una realidad crítica: producir cuesta más de lo que se gana, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de productores en el país.

A esto se suma la dependencia de importaciones y la falta de apoyos suficientes, factores que han detonado protestas en distintas regiones y evidencian un sector cada vez más presionado.

Así, mientras los números de producción crecen… la riqueza del campo mexicano se desploma.

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La diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, anunció que promoverá la realización de mesas de trabajo abiertas e incluyentes como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca atender casos de violencia relacionados con la movilidad de niñas y niños. La legisladora subrayó que estos espacios permitirán que madres de familia participen directamente, compartan sus experiencias y contribuyan en la construcción de soluciones desde el Congreso del Estado.

La propuesta surge luego de que, tras su presentación el pasado 26 de marzo, la diputada comenzara a recibir numerosos testimonios a través de redes sociales. En ellos, mujeres relatan situaciones en las que enfrentan restricciones injustificadas para trasladar a sus hijas e hijos, muchas veces como forma de presión por parte de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades. Moreno Valencia destacó que estas prácticas representan una forma de violencia que impacta tanto a las madres como a los menores.

La iniciativa plantea modificar el artículo primero de la Constitución local para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios limiten la movilidad de sus hijos. Además, contempla la creación de mecanismos judiciales más ágiles y con perspectiva de género, que faciliten autorizaciones en casos de abandono o incumplimiento. También establece que, en cualquier proceso de traslado o cambio de residencia, las autoridades deberán priorizar el interés superior de la niñez, garantizando su bienestar, identidad y derecho a una vida familiar digna.