La noche del 3 de marzo, el líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente viajaba en su camioneta cuando los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió a causa de las heridas durante el traslado al hospital.

El crimen ha causado conmoción en el sector agropecuario del estado, ya que apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores de la región.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El asesinato de González Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que también alcanza a líderes del sector productivo en distintas regiones del país

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Este 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no será tocado dentro de la reforma electoral que envió al Congreso de la Unión, desmintiendo versiones previas que sugerían su eliminación.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria presentó los principales puntos de su propuesta, bautizada como “Decálogo por la Democracia”, y reafirmó que mantener el PREP es esencial para garantizar información oportuna el día de la elección.

Sheinbaum también aseguró que, si el Congreso no aprueba la reforma con la mayoría calificada requerida, ya contempla un “Plan B”, aunque evitó dar detalles y dijo que ese paso se definiría después.

La presidenta rechazó que la posible falta de aprobación fuese una derrota y sostuvo que cumplió con presentar la iniciativa, dejando la decisión final en manos de los legisladores

Un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa para Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, tras ser imputada por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones y extorsión.

Barrón fue detenida la noche del domingo en San Nicolás de los Garza por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández, quien acusó que se fabricaron hechos en su contra durante la campaña electoral de 2024, cuando ambos competían por un escaño en el Senado.

Además de Barrón, otras dos personas vinculadas al caso también quedaron sujetas a la misma medida cautelar. Todos solicitaron una ampliación de 144 horas para que se lleve a cabo su audiencia de vinculación, programada para el sábado 7 de marzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen suficientes pruebas y descartó tintes políticos en la detención, aunque el caso ha generado versiones encontradas entre las partes.