Las desapariciones en México tomaron fuerza en los años 70s durante la guerra sucia, volviéndose un acto político para callar e intimidar. A partir de entonces, los números han incrementado con el pasar de las décadas. En la nación hay un total de 112,000 desaparecidos y no localizadas desde 1964, año en que se tiene el primer registro.
Uno de los principales fallos en la búsqueda de desaparecidos no ha sido la falta de capacidades de las instituciones correspondientes, sino que en ocasiones las autoridades están involucradas en las organizaciones que comenten estos crímenes aberrantes, obstruyendo y haciendo caso omiso a las evidencias presentadas.

Por esta razón, la gente que perdió a sus seres queridos se empezó a organizar en colectivos para buscarlos por su cuenta. Actualmente en el país existen más de 80 colectivos que buscan concurridamente en zonas peligrosas, exponiéndose. Gracias a estas organizaciones, actualmente hay una ley que se promulgó en 2017 al respecto de la desaparición forzada. Esta ley tiene como objetivo la protección de toda persona contra la desaparición forzada, dar castigo, prevenir y erradicar el crimen. No obstante, los y las mismas integrantes de los colectivos son objetivos de violencia por la lucha del cumplimiento de dicha ley y de buscar a las personas desaparecidas que están o se integran a la larga lista de desaparecidos. Son blancos de campañas de desprestigio, se les desacredita y denigra, son obligadas a vivir con miedo a través de amenazas de muerte y ha habido casos que estas amenazas se materializan y ha cobrado vidas.
Una de estas victimas fue Carmen Vázquez, quien fue asesinada el 6 de noviembre del 2022 en Guanajuato; buscaba a su hijo quien desapareció. Pertenecía al colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato”.
Del 2019 al 2024 en México, hubo 16 asesinatos de buscadores y buscadoras, y una desaparecida. Debe de haber un alto a la violencia, no solo para las buscadoras, sino para todos. Nadie debería salir impune al privar la libertad y vida de otra persona.

Hasta el momento, y de acuerdo con la última actualización de la Fiscalía de Jalisco, en el rancho Izaguirre—señalado como un posible campo de exterminio—se han encontrado más de 1,300 objetos.

El hallazgo de este sitio, que ha sacudido a todo México, fue realizado por integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco“, quienes el pasado 5 de marzo documentaron la presencia de hornos, crematorios, restos óseos y fosas clandestinas.

Desde Guanajuato, familiares de personas desaparecidas buscan indagar si alguna de las prendas halladas en el sitio pertenece a sus seres queridos. Además, han manifestado su interés en sumarse a las búsquedas; sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha autorizado su acceso al predio.

Este 20 de marzo, representantes de colectivos de búsqueda, así como personas independientes, acudieron al Congreso del Estado de Guanajuato para solicitar el apoyo de los diputados y agilizar su ingreso a este sitio en Jalisco.

También buscan el respaldo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para garantizar su seguridad y seguir los protocolos correspondientes durante su desplazamiento y en los trabajos en campo.

Señalan que, hasta ahora, el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda ha sido positivo y esperan que la colaboración continúe. Asimismo, aseguran que, hasta el momento, la gobernadora de Guanajuato ha mostrado empatía con su causa.

En México, son más de 124 mil casos de personas desaparecidas, en Guanajuato la cifra supera las 3 mil de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Aseguran no se retirarán hasta que sean atendidos personalmente por la gobernadora Libia Dennise García.

Exigen justicia para Mario Navarro Manríquez. Sus familiares han instalado un plantón frente a Palacio de Gobierno en la capital de Guanajuato y aseguran que no se retirarán hasta ser atendidos personalmente por la gobernadora Libia Dennise García, el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste y el titular del Poder Judicial del Estado, Héctor Tinajero Muñoz.

Gregoria Navarro Manríquez, hermana de la víctima, relató a TV Guanajuato que, durante el tiempo que su hermano estuvo desaparecido, la familia recibió amenazas y extorsiones económicas, las cuales, asegura, siguen vigentes hasta el día de hoy.

Mario Navarro fue desaparecido por Maria Carla Judith Martínez Delgado y, tiempo después, su familia recibió la dolorosa noticia: Mario había sido asesinado y su cuerpo calcinado dentro de un vehículo, en un intento por borrar la escena del crimen. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de La Soledad, en el municipio de Irapuato.

La indignación creció, pues se denunció que el proceso judicial en torno al caso estuvo marcado por la corrupción. La responsable, Carla Judith Martínez Delgado, acudió al velorio de Mario Navarro, donde fue detenida por agentes ministeriales el 2 de noviembre de 2024.

Posteriormente, Martínez Delgado fue trasladada a una prisión de máxima seguridad en Valle de Santiago y se llevó a cabo la audiencia inicial. La jueza Blanca Lidia Monroy Arvizu determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Sin embargo, días después, en la audiencia de vinculación a proceso, la misma jueza modificó la medida y otorgó arraigo domiciliario, a pesar de los delitos graves imputados, como desaparición forzada, extorsión y amenazas.

La familia Navarro interpuso una apelación y, el 20 de febrero, un juez de segunda instancia revocó la decisión de la jueza Monroy Arvizu. Se ordenó entonces la prisión preventiva oficiosa y se le pidió a la imputada que se presentara voluntariamente en un plazo de 24 horas. Sin embargo, nunca lo hizo.

Uno pensaría que las cosas no podrían empeorar. Para sorpresa e indignación de la familia, en una audiencia posterior, el juez a cargo suspendió las medidas cautelares contra María Carla Judith Martínez Delgado y ordenó también la suspensión de la orden de aprehensión en su contra.

Los familiares de Mario Navarro Manrique, exigen ser escuchados personalmente por la gobernadora del estado, Libia Dennise García, así como por el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste así como la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, esto al ser señaladas como las únicas autoridades que tienen la competencia para impartir justicia.

Los familiares de Mario Navarro aseguran que no abandonarán su plantón en Paseo de la Presa, frente a Palacio de Gobierno, hasta ser escuchados por las autoridades estatales previamente citadas.