La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Laura Cristina Márquez Alcalá, explico que durante la mesa de trabajo se hicieron modificaciones en el 40 por ciento de los artículos que contempla la ley.
Cuando la conducta sea cometida por un servidor público, especialmente los que se dedican a las áreas de prevención, de procuración de justicia, o bien de los centros penitenciarios, la pena establecida será elevada hasta en un tercio, es decir esta va de los 5 a 15 años, pero cuando sea un funcionario del estado podría llegar a los 20 años de la privación de la libertad.

Al tratarse de un delito, corresponderá a la Fiscalía General, abrir la carpeta de investigación, para después pasar la judicialización en el proceso penal correspondiente ante poder judicial. El objetivo principal es debilitar a las células delincuenciales quitándole los recursos con los que se mueven, con ello se debilitan sus finanzas y por lo tanto no podrán operar.

Finalmente dijo que el gobernador como iniciante dejo muy claro que es una necesidad urgente el poder tener el delito de operación con procedencia ilícita dentro del código penal, para que se pueda estar en posibilidades de castigar a los que lastiman la sociedad atravesó de estas operaciones.
Lo anterior lo informo tras aprobar por unanimidad el dictamen que contempla como delito la operación con recursos de procedencia ilícita.

1 COMMENT

  1. Puros cuentos, loe terminan exonerando por faltas al debido proceso. Mas rollo que nada con estos burocratas de quinta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here