¿qué está pasando en Guanajuato con las desapariciones?

Las desapariciones forzadas en Guanajuato han generado un clima de miedo e incertidumbre. El caso de Mateo, un niño de 12 años, refleja la descomposición social, donde ni siquiera los más vulnerables están a salvo. Su muerte violenta ha causado indignación y un llamado urgente a la protección infantil, lo mismo pasa en la capital con el caso de José Alejandro Flores

En los últimos 12 años, Guanajuato ha registrado 4,330 desapariciones, con un aumento del 5.1% en solo cinco meses, según la Plataforma por la Paz y la Justicia. Las familias, desesperadas, buscan a sus seres queridos por cuenta propia, enfrentando grandes riesgos. Mientras tanto, cada día se emiten nuevas fichas de búsqueda, evidenciando una crisis que exige respuestas inmediatas.

La exigencia de justicia y mayor seguridad no puede seguir siendo ignorada por las autoridades. Es momento de que la sociedad y el gobierno actúen con firmeza para frenar esta tragedia.

El gobierno del estado de Guanajuato arrancó con la entrega de las polémicas “Tarjetas Rosas”, un programa social que, durante las pasadas elecciones de junio de 2024, fue acusado de ser utilizado con fines electorales, especialmente para coaccionar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El programa, que se presenta como un apoyo para las guanajuatenses, no ha estado exento de controversias. A lo largo de la campaña electoral, fue señalado como una herramienta del Partido Acción Nacional (PAN) para influir en el voto de las mujeres, en particular aquellas que atravesaban dificultades económicas o sociales. Esta estrategia, en la que se acusó a la entonces candidata Libia Dennise García de utilizar el programa como un gancho electoral, terminó por catapultarla a la titularidad del gobierno estatal.

Lo que en su momento fue defendido como un apoyo genuino, ha dejado en el aire dudas sobre su verdadera naturaleza. Para algunos, el retorno de la “Tarjeta Rosa” no es más que un intento desesperado de apelar al electorado en tiempos de incertidumbre, sin un compromiso real con las mujeres y las necesidades sociales de Guanajuato. En lugar de ser una política de apoyo permanente, este programa se presenta ahora como una herramienta clientelista, disfrazada bajo el manto de la solidaridad.

La polémica no es nueva: opositores al gobierno estatal denunciaron que la “Tarjeta Rosa” nunca fue más que una estrategia para comprar voluntades a través de la promesa de un apoyo económico. Mientras que los apoyos federales, como las pensiones y becas, tienen un respaldo legal sólido, la entrega de estas tarjetas no cuenta con ninguna garantía jurídica que asegure su continuidad. Es decir, lo que se presenta como una ayuda constante carece de la estabilidad necesaria para ofrecer seguridad a quienes dependen de estos recursos.

En medio de este contexto de desconfianza, los analistas políticos coinciden en que el regreso de la “Tarjeta Rosa” responde a un cálculo electoral: en tiempos de crisis, cuando las necesidades urgentes sobrepasan las promesas políticas, una tarjeta con apoyo económico puede convertirse en una estrategia decisiva para coaccionar a personas.

Aunque los estrategas del gobierno buscan legitimar el programa bajo el discurso de la ayuda social, para muchos la “Tarjeta Rosa” no es más que una muestra de las viejas prácticas políticas que, a pesar de los avances en otros frentes, se siguen utilizando como moneda de cambio electoral.

Además, la repartición de estas tarjetas durante el proceso electoral fue calificada como un delito electoral. Se denunció que la oferta de la tarjeta por parte de la candidata Libia García Muñoz Ledo constituía una infracción no solo administrativa, sino penal, dado que se trató de un acto de coacción en el ámbito electoral. A pesar de las solicitudes de sanción al Instituto Electoral de Guanajuato, este organismo fue señalado por su omisión en el caso, al no tomar acciones para corregir lo que muchos consideraron una violación flagrante a la ley electoral.

Con este panorama, los ciudadanos de Guanajuato se enfrentan una vez más a la pregunta de si la “Tarjeta Rosa” es un acto genuino de solidaridad o si, como muchos temen, se trata simplemente de una estrategia política más. Y mientras las promesas de apoyo social continúan su marcha, la ciudadanía se prepara para decidir, nuevamente, si estos gestos de ayuda son un avance real o más de lo mismo.

En el Congreso del Estado avanza una iniciativa legislativa que busca la destitución de Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, y Jorge Valencia Gallo, director general de Servicios Jurídicos del municipio.

El exhorto fue presentado por el diputado Ernesto Millán Soberanes, del Grupo Parlamentario de Morena, quien solicitó a la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez iniciar el procedimiento de remoción de ambos funcionarios.

En el caso de Jorge Valencia Gallo, la petición se fundamenta en su reciente sentencia de cuatro años y medio de prisión por cohecho, después de que un juez confirmara que recibió sobornos a cambio de otorgar permisos y concesiones a taxistas de San Miguel de Allende.

Por su parte, Samuel Ugalde García ha sido objeto de críticas debido al alto índice de percepción de inseguridad en la ciudad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el 23 de enero de 2025, el 66% de la población mayor de 18 años en Guanajuato capital se siente insegura.

El diputado Millán Soberanes acusó a Ugalde García de minimizar estos datos y señaló que la alcaldesa ha guardado silencio ante la creciente ola de violencia en el municipio.

El punto de acuerdo avanza, mismo que fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen. Su resolución podría sentar un precedente en materia de responsabilidad gubernamental y rendición de cuentas en Guanajuato capital.